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Tienen como objeto amparar el riesgo de incumplimiento de las obligaciones imputables a la persona emanadas de las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, etc.
Son garantías fijadas en algunas leyes que pretenden servir al cumplimiento de obligaciones que surgen a cargo de una de las partes vinculadas en un proceso judicial/administrativo y, su origen siempre será una norma.
Brinda protección integral cuando, con ocasión de un contrato de arrendamiento, se requiere garantizar el pago de los cánones mensuales como I.V.A., administración y servicios públicos.